Prisión para caiga quien caiga
Estimado/a Lector/a:
Me permito expresar, a través de estas líneas, mi opinión respecto al debate que ha surgido en torno a las posibles sanciones para Luis Hermosilla. Encuentro plenamente favorable y necesario que, en caso de ser hallado culpable, cumpla prisión en una cárcel común, en lugar de recibir como alternativa unas clases de ética. La gravedad de los hechos imputados requiere una respuesta contundente por parte del sistema judicial, que debe ser visto como un pilar de equidad y justicia en nuestra sociedad.
En un Estado de Derecho, la justicia no puede ni debe distinguir entre ciudadanos comunes y aquellos que, por su posición, pueden acceder a mecanismos privilegiados. La aplicación de la ley debe ser imparcial, sin importar el estatus social, profesional o económico de la persona acusada. Cualquier percepción de favoritismo socava la confianza en nuestras instituciones y debilita el principio de igualdad ante la ley.
Es por ello que resulta fundamental que las sanciones penales reflejen la gravedad del delito cometido, sin dar espacio a soluciones que puedan interpretarse como indulgentes o insuficientes. El hecho de considerar clases de ética como una alternativa a la prisión envía un mensaje equivocado sobre la seriedad con la que se deben tratar los delitos, especialmente aquellos que afectan profundamente la confianza pública.
La justicia debe ser vista no solo como una herramienta punitiva, sino también como un mecanismo de disuasión. Cuando se permite que personas en posiciones de poder eludan las consecuencias de sus acciones a través de penas simbólicas, se corre el riesgo de establecer un peligroso precedente, donde las leyes parecen aplicarse de manera distinta según la posición del individuo.
Además, resulta esencial que en casos de alta visibilidad como este, la justicia chilena reafirme su compromiso con la igualdad y la equidad. No puede haber excepciones en la aplicación de la ley, pues la credibilidad de nuestras instituciones depende en gran medida de su capacidad para actuar de manera justa y transparente en todas las situaciones.
Es fundamental que el proceso judicial en este caso siga su curso de manera rigurosa y que, en caso de confirmarse la culpabilidad, se apliquen las sanciones correspondientes sin dilaciones ni concesiones. Solo así podremos fortalecer la confianza de la ciudadanía en un sistema que se compromete a impartir justicia de manera equitativa para todos.
Los ciudadanos confían en que las instituciones operen bajo principios de imparcialidad, donde no exista espacio para privilegios o excepciones. Este es un elemento crucial para mantener la cohesión social y asegurar que los valores democráticos se mantengan firmes.
En conclusión, considero que la única respuesta adecuada a los delitos cometidos por cualquier individuo, independientemente de su posición, es una sanción proporcional a la gravedad de los hechos, y que esa sanción, en este caso, debe ser la prisión en una cárcel común. Este es el camino correcto para asegurar que la justicia chilena cumpla con su deber de proteger los derechos y la igualdad de todos los ciudadanos.
Atentamente,
Su Servidor
Comentarios
Publicar un comentario