¿Que pasa ahora?

Estimado Director:

Me dirijo a usted y a la comunidad lectora de este distinguido medio para manifestar mi profunda preocupación sobre el caso que involucra al ex-Subsecretario Monsalve. Las acusaciones en su contra, de ser veraces, no solo representan una violación grave a los principios éticos que deben regir la función pública, sino que ponen en cuestión la integridad de una administración que ha comprometido su actuar con la transparencia y la probidad. Resulta alarmante para los ciudadanos presenciar una situación de esta magnitud sin una respuesta adecuada por parte del gobierno desde el momento en que estos antecedentes salieron a la luz.

Es de vital importancia recordar que quienes ocupan cargos de relevancia en el Estado deben ser ejemplos de conducta intachable y rectitud. Sin embargo, en este caso, observamos cómo la inacción ante graves acusaciones amenaza con afectar la credibilidad de nuestras instituciones, debilitando la confianza de la ciudadanía en quienes nos representan. En situaciones como esta, resulta fundamental que el Gobierno demuestre un compromiso inquebrantable con la ética pública y actúe de manera firme y clara ante cualquier indicio de irregularidad.

Más inquietante aún es el hecho de que, a pesar de la seriedad de estas denuncias, el gobierno no haya tomado medidas oportunas y categóricas. La falta de una respuesta inmediata no solo crea la percepción de indiferencia ante las normas de transparencia, sino que además permite la prolongación de situaciones que no debieran ser toleradas ni un solo día en una administración pública comprometida con la ética y la honestidad. El deber de la autoridad no solo es actuar con rectitud, sino también hacerlo de forma ejemplar, sin titubeos y de inmediato, para marcar una línea clara ante la sociedad.

Es necesario enfatizar que la responsabilidad del Gobierno no termina con la simple remoción de un funcionario en caso de ser necesaria. A través de este medio, hago un llamado a las autoridades a implementar de inmediato protocolos y mecanismos que aseguren la fiscalización interna continua y la toma de decisiones con base en el interés público. No basta con una reacción posterior al escándalo; la ciudadanía merece un Estado que se anticipe y prevenga este tipo de situaciones, erradicando cualquier sombra de duda sobre el proceder de sus representantes.

Asimismo, considero esencial que desde el propio Gobierno se asuma públicamente un compromiso con el escrutinio y la rendición de cuentas. Solo así podremos avanzar hacia un sistema de gobernanza en el que los actos y decisiones de quienes ocupan cargos de responsabilidad pública puedan ser evaluados de manera rigurosa y transparente. Esta actitud no solo fortalecerá la institucionalidad, sino que también permitirá que los ciudadanos recuperen la confianza en quienes los representan.

Por último, quisiera solicitar a este medio su apoyo para dar visibilidad y continuidad a esta discusión que considero necesaria y urgente. La gravedad del caso amerita un análisis serio y una cobertura profunda que permita a la ciudadanía mantenerse informada y formar un criterio fundamentado. Es nuestra responsabilidad exigir una administración pública intachable, capaz de frenar cualquier conducta que vulnere la confianza ciudadana y comprometa los principios democráticos que sustentan nuestro país.

Atentamente, 

Su servidor